Cáqueza | 7 de mayo de 2024
Se investiga un posible daño patrimonial por la adquisición en el año 2019, de un predio para la construcción de un mega colegio por valor de $1.716.570.320, según hallazgo de auditoría.
El predio fue adquirido para dar cumplimiento a una acción de tutela, ante el colapso de la estructura de la sede B de la Institución Educativa Departamental Urbano de Cáqueza en donde se encontraban matriculados 350 estudiantes.
En desarrollo de una auditoría de cumplimiento al municipio de Cáqueza de la vigencia 2022, se evidenció un posible daño patrimonial por la adquisición en el año 2019, de un predio para la construcción de un mega colegio por valor de $1.716.570.320, sin que este sirviera para dicho fin, por cuanto el terreno, según el Plan de Ordenamiento Territorial, está en un área de conservación histórica, urbanística y arquitectónica. El lote tiene un área de 3.338 m2 y 2.444 de construcción y está ubicado en la calle 4 No. 5-53.
Se tiene como antecedente, el hecho de que el Juzgado de Ejecución y Penas y medidas de seguridad de Cáqueza, el 17 de septiembre de 2018, resolvió la acción de Tutela impetrada por una ciudadana, por la presunta vulneración de los derechos constitucionales a la vida, la educación, libre desarrollo de la personalidad, igualdad; por cuanto 350 estudiantes se encontraban recibiendo clases en la sede B de la institución Educativa y la misma colapsó, ya que desde varios años no se había realizado ningún mantenimiento.
El Juez de tutela, ordenó iniciar las labores para el mantenimiento de la Institución Educativa Departamental de Cáqueza, como también entregar la sede apta para su servicio con seguridad. Ante la voluntad del alcalde de la época, para adquirir un lote en el que se pudiera construir la nueva sede de esa institución, el Juez de Tutela ordenó realizar la construcción en el menor tiempo posible.
Dado el desacato de lo ordenado en la Tutela, el 15 de marzo de 2021, el Juez en su providencia manifestó que: “la alcaldía del Municipio de Cáqueza, ha adelantado gestiones encaminadas a obtener un lote para la construcción de una nueva sede de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL URBANA DE CÁQUEZA, pero no ha sido posible, debido al que el predio adquirido, objeto de la construcción no cumple con algunas condiciones técnicas, y además se encuentra ubicado en un área de conservación arquitectónica de acuerdo a lo establecido en el EOT – Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual debe tener tratamiento especial, por lo que la Oficina Asesora de Planeación, recomendó replantear el proyecto, razón por la cual se está a la espera de contar con el terreno para iniciar la gestión de la nueva sede educativa”.
Señaló el grupo auditor que la Secretaría de Educación del departamento, realizó en marzo de 2021 una visita técnica ocular al lugar, esto a petición del nuevo alcalde, para conocer y evaluar el terreno y dar pronta solución a esta situación. De la visita realizada por la Secretaría, se evidenció que allí funcionaba para ese momento el Archivo Central, el Archivo de Gestión de la Secretaría de Hacienda, el despacho y oficina jurídica, la oficina de ASOJUNTAS, así como la escuela de formación de danza y el taller de emprendimiento textil de las víctimas del conflicto armado. Además, se determinó que, si bien el terreno permite el uso institucional, para construir la institución educativa cualquier infraestructura existente en el lugar debe ser demolida, y el POT de Cáqueza no permite la demolición requerida, por tratarse de una zona de conservación arquitectónica.
Igualmente, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Cáqueza, Cundinamarca, certificó al grupo auditor que el predio ubicado en la Calle 4 No. 5-53 (antiguo colegio María Auxiliadora), “Por su tradición como centro cultural y de formación. Por su concepción arquitectónica tradicional. Por su atractivo turístico, son inmuebles de declaratoria de conservación histórica- urbanística y arquitectónica.”
Por todo la anterior la Contraloría de Cundinamarca, se encuentra adelantando un proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, a fin de determinar si existe responsabilidad en cabeza de la administración que adquirió el lote.